LOS INFORMES PERICIALES MEDICOS COMPLEMENTARIOS EN EL AMBITO DE LOS ACCIDENTES DE CIRCULACION

000001Desde el pasado 1 de enero del 2016 es posible que los particulares que hayan sufrido daños corporales puedan solicitar informes periciales complementarios, una novedad que la normativa vigente regula con cierto detalle y que supone una cambio muy destacado, tanto para los perjudicados como para los peritos médicos, que merece de un especial análisis, por las posibilidades que ofrece.

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que regula la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, supone un punto de inflexión en la gestión de los accidentes de circulación, pues además de reformar el “Baremo”, se ocupa de introducir importantes cambios en la satisfacción de la indemnización en el ámbito del seguro obligatorio, reformando el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, e introduciendo la posibilidad de que los perjudicados puedan solicitar informes periciales complementarios.

En primer lugar es necesario indicar que este nuevo artículo 7, que ha entrado en vigor a principios de este año, indica que el perjudicado disconforme con la oferta motivada puede, de común acuerdo con la entidad aseguradora, obligada al pago, y a costa de esta, pedir informes periciales complementarios, incluso al instituto de Medicina Legal.

Este primer punto significa que para poder solicitar estos informes será requisito necesario, e imprescindible, la existencia de una oferta motivada por parte de la aseguradora del vehículo responsable de los perjuicios causados, un requisito que deja fuera del ámbito de aplicación, de la posibilidad de acudir al medico forense, otras situaciones similares, tales como la existencia de una respuesta motivada, o , simplemente la ausencia de oferta por parte del asegurador, lo cual puede parecer ilógico, pues deja al perjudicado sin esta posibilidad en todos los casos en los que el asegurador no cumpla con las obligaciones que le impone el citado articulo 7. 

En segundo lugar es necesario indicar que el lesionado podrá solicitar la intervención del médico forense aunque no tenga el acuerdo de la entidad aseguradora , pero siempre los honorarios de dicha intervención serán a cargo de esta, por lo que podemos decir que el perjudicado podrá solicitar el informe forense sin que ello suponga ningún coste, de forma totalmente gratuita para él, y con total libertad de actuación.

En contraposición a ello está la opción de solicitar informes periciales complementarios a peritos médicos privados, en cuyo caso sino hay acuerdo con el asegurador el coste de los mismos correrá a cargo del perjudicado. Se trata de una pequeña diferencia que puede hacer que algún perjudicado se decante por la intervención forense en lugar de buscar un perito médico.

En tercer lugar hay que indicar que esta actuación tanto del perito médico privado como del médico forense se encuadra dentro de la gestión extrajudicial, tal y como se recoge en el Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, configurándose como un sistema previo a la reclamación judicial, tal y como lo indica el nuevo artículo 7, en su punto octavo, al indica que “No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador”.

A pesar de que debemos tener claro que la solicitud de informes médicos complementarios no es de carácter imperativo, pues la Ley otorga esta posibilidad al perjudicado, de común acuerdo, o no, con la aseguradora, si que podemos decir que se erige como una opción conveniente en el caso de que ambas partes discutan el “quantum” de la indemnización, bien porque los perjuicios aceptados por ambas partes se valoren de forma diferente, o porque no se consideren de igual modo el alcance de los daños sufridos.

NO ES BAREMO PARA LESIONES LEVES (parte 3)

Baremo1

 

Como continuación del artículo anterior, y con el fin tratar con más detalle la situación en la que se encuentran las reclamaciones extrajudiciales relacionadas con los perjuicios corporales leves sufridos de tráfico.

En el anterior artículo se trataba la intervención del médico forense, y se analizaba cómo y cuando era posible dicha intervención, indicando que la ley establecía, como requisito previo necesario la existencia de una oferta motivada, sobre la cual deberá surgir el conflicto, pues de lo contrario no sería posible iniciar dicho procedimiento.

Se trata de un punto de vital importancia que coincide, en muchos aspectos, con la duda sobre si es posible activar el médico forense en los casos en los que el perjudicado en lugar de recibir una oferta motivada reciba una respuesta motivada.

El Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, dice, en su artículo 4, que a la solicitud se tendrá que acompañar, para darle curso, la oferta motivada que la entidad aseguradora haya emitida. El artículo 6 dice, en el mismo sentido, que las partes presentaran junto con la solicitud y la oferta motivada toda la documentación medica que sea de interés. Por último el artículo 7, relativo a la admisión y recursos contra la denegación de la pericia, dice, en su punto 3º, textualmente que: “Si el IMLCF advirtiere cualquier defecto u omisión documental en la solicitud, requerirá a la parte que la hubiera formulado para que proceda a la subsanación en el plazo de 10 días hábiles, con el apercibimiento de tenerla por desistida si no lo hiciera. En caso de que, transcurrido el plazo indicado el interesado no aportare la oferta motivada o la documentación preceptiva, o no subsanase los defectos detectados, se considerará que desiste de la pericia por resolución motivada del Director, Subdirector o persona en que deleguen.”

Estos artículos ponen de manifiesto, de forma inequívoca, que la oferta motivada es un documento imprescindible para que la solicitud de pericias del médico forense sea aceptada, dejando por zanjada cualquier duda al respecto.

En el artículo anterior indicábamos que tras una reclamación, por parte del perjudicado que ha sufrido daños corporales, existían varias posibilidades, siendo la tercera la relativa a la no emisión de oferta o respuesta motivada. Esta posibilidad niega totalmente la posibilidad del lesionado de acudir al forense, lo cual puede parecer correcto o no, pero a la vista del tenor de la legislación al efecto esta fuera de toda duda.

Pero ¿cuál puede ser el motivo de que se exija la oferta motivada como requisito imprescindible? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario analizar qué requisitos requiere la oferta motivada, pues esos requisitos nos pueden dar la respuesta. La oferta motivada se puede emitir cuando la responsabilidad ha quedado confirmada y el daño se ha podido cuantificar.

Al requerir la oferta motivada se evita que el médico forense se pronuncie sobre unos perjuicios que pueden aun no estar estabilizados, imposibilidad de cuantificar, o porque existan motivos que permitan rehusar el siniestro, y por tanto se haya emitido respuesta motivada, bien porque la responsabilidad no ha quedado acreditada, o porque exista alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación, siendo, en estos casos, totalmente estéril, e incluso contraproducente, la intervención del médico forense.

Seguro que se trata de un tema muy discutido, que provoque rechazo entre algunos colectivos, pero también se  debe valorar la situación que podría llegar a generar un sistema totalmente abierto, donde todo perjudicado pueda acudir al médico forense, y donde ello genera en la compañía responsable, y entonces es posible valorar mejor las bondades del procedimiento.

NO ES BAREMO PARA LESIONES LEVES (Parte 2)

Baremo1

Como se indicaba en el artículo anterior, estamos tratando y analizando el nuevo baremo, centrándolo en cuál es la gestión actual de los siniestros con lesiones leves, que suponen la mayor parte de los perjuicios sufridos por accidentes de circulación.

Iniciamos esta segunda parte tratando la regulación que introduce la Ley 35/2015, principalmente en lo relativo a la intervención del médico forense, pues supone un aspecto básico en los casos en los que el perjudicado ha sufrido unos perjuicios corporales mínimos.

La despenalización de las faltas ha supuesto la creación de un vacío, y por ello se ve la posibilidad de acudir al médico forense como una alternativa que pueda mitigar la ausencia que el juicio de faltas ha dejado en las opciones de los perjudicados, por ello vamos a analizar si esta posibilidad cumple o no dichas expecativas.

El nuevo artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, indica que el perjudicado, o sus herederos, tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los refereidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año. Este artículo se refiere a la reclamación tanto de daños materiales como por daños corporales, por lo que estarían incluidas las lesiones leves que estamos analizando.

La intervención del médico forense se regula en el 5º punto del citado artículo 7, donde se indica que, en caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente.

Antes de entrar a tratar los detalles del procedimiento establecido se hace necesario analizar cómo puede el perjudicado acceder a dicho servicio, es decir, como puede solicitar la intervención del médico forense.

Cuando un perjudicado reclama a una entidad aseguradora para que,  según indica la Ley, emita oferta o respuesta motivada, tras padecer un accidente de tráfico en el que ha sufrido daños corporales, se puede encontrar con varias posibilidades, y no todas ellas positivas para sus intereses.

La primera de las opciones es que la entidad responsable emita un documento de oferta motivada, cumpliendo todos los requisitos formales y temporales que marca la Ley, adjuntando el informe médico que permita al perjudicado poder valorar correctamente dicho ofrecimiento. En esta situación si el perjudicado considrea que la oferta no recoge la totalidad de los perjuicios sufridos puede solicitar la intervención del médico forense, para lo cual deberá seguir el procedimiento que se regula en el Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de MEdicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

Podemos decir que en el procedimiento extrajudicial la figura del médico forense se configura como un elemento adicional, que permite al perjudicado acudir a un perito médico independiente, sin coste alguno.

La segunda posibilidad es que la entidad responsable haga una oferta, pero sin cumplir con el formalismo que exige la Ley, ni siquiera los más básicos, ni temporales ni formales. Ante esta situación se plantea la duda de si dicho ofrecimiento puede ser considerado una oferta motivada, y por tanto si la disconformidad del perjudicado puede permitirle acudir al médico forense, pues deberá acompañar la oferta de la entidad responsable, y puede ser que carezca de documento que lo acredite, propio de los casos en los que se oferta vía telefónica.

En este caso parecería lógico pensar que el incumplimiento de la entidad aseguradora no debería perjudicar al lesionado, y por tanto debería poder acudir al médico forense, pero se hace necesario analizar este aspecto con mayor detalle, por las consecuencias que ello puede tener.

La tercera posibilidad es que la entidad aseguradora responsable, a pesar de la obligación que pesa sobre ella, no emita ni oferta ni respuesta motivada, dando la callada por respuesta. En este caso estaríamos ante una situación similar a la anterior, donde se plantea la duda si podrá acudir, o no, al médico forense.

La Ley es muy clara a indicar “en caso de disconformidad”, por lo que podríamos decir que los casos en los que no exista oferta motivada, y por tanto no se genera disconformidad (se genera otra situación diferente) no se podría solicitar la intervención del instituto de medicina legal correspondiente.

Lo mismo podríamos decir en los casos en los que la entidad aseguradora emita respuesta motivada, pero dejaremos el análisis de esta casuística, con mayor detalle para el siguiente artículo.

NO ES BAREMO PARA LESIONES LEVES (Parte 1)

Baremo1

Son muchas las voces críticas sobre las novedades que introduce el nuevo sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas por accidentes de circulación, conocido como Baremo, sobre todo en lo relacionado con las lesiones leves.

A lo largo de los próximos meses vamos a analizar el nuevo Baremo con mayor detalle y profundidad, a través de varios artículos de opinión, para poder acercar sus novedades e incorporaciones más destacadas.

Es unánime la afirmación de que el nuevo baremo supone la incorporación de conceptos indemnizatorios que hasta la fecha eran motivo de conflicto, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, que hacen que nadie ponga en duda las bondades del nuevo baremo en relación a los grandes lesionados.

Igual situación se plantea en el caso de las indemnizaciones por causa de muerte, donde se incorporan nuevas categorías de perjudicados, y donde la regularización del daño patrimonial, igual que ocurre en los grandes lesionados, permite que se pueda acercar cada vez más al objetivo de la reparación integra.

Pero, ¿qué pasa en los asuntos donde las dolencias sufridas son leves?, que suponen la mayor parte de los asuntos, en la mayoria de los casos relacionados con dolencias cervicales.

Para poder analizar correctamente cual es la situación en la que se encuentran los perjudicados por lesiones leves en necesario tener en cuenta todos los aspectos relacionados, procedimientos judiciales incluidos.

Desde la despenalización de las faltas, en julio de 2015, las opciones de reclamación del perjudicado por accidente de tráfico han sufrido una importante mutación, pasando a ser cada vez más complicada. Hasta ese momento era muy habitual que los perjudicados presentasen denuncias con la finalidad, principalmente, de ser visitado por un médico forense, para posteriormente discutir, en base a dicho  informe, la indemnización.

Ahora la situación es totalmente diferente, pues todos los intentos de judicializar los siniestros de consecuencias corporales leves han topado con el mismo muro, que no es otro que el archivo de la causa por parte de los tribunales, sin dar opción alguna a visita del médico forense. Por muchos que hay letrados, aguerridos y peleones, huérfanos de procedimiento judicial, que se han empeñado en reorientar las antiguas faltas a los nuevos delitos leves, ha resultado estéril, y se han visto obligados a volver a la realidad a golpe de auto de archivo.

El perjudicado se ve solo ante el peligro, con la única opción de acudir a los tribunales civiles, en el caso de no poder resolver el tema de modo amistoso. Pero si algo tienen claro los letrados expertos en tráfico es que no es lo mismo la vía penal que la vía civil, y ello hace que algunos no se sientan muy cómodos en una vía judicial a la que antes acudían de forma muy residual.

Por otro lado estan las novedades introducidas por la ley 35/2015, entre las que destaca, en relación con el tema que estamos tratando, la intervención del médico forense, y que parece que no han cumplido con las expectativas creadas.

Sobre este punto trataremos en el próximo artículo.

Continuará

 

AUMENTO DE LAS PRIMAS EN EL SECTOR ASEGURADOR. ¿FIN DE LA CRISI?

FORMACION PERITOS_1En esta WEB hemos tratado, analizado y abordado, los distintos efectos de las crisis, siempre desde un punto de vista positivo, de oprtunidades de negocio, de oportunidad de cambio, como un momento de invertir en formación y en crecimiento personal, de replanteamiento de la estratégia empresarial, y sobre todo para descubrir los errores cometidos e implementar los cambios necesarios para no volver a cometerlos.

Todos los post estaban destinados a obtener un posicionamiento adecuado, una vez terminada la crisis, que nos permitiese iniciar una nueva andadura profesional, revitalizados y reforzados por las mejoras y cambios introducidos. Pero parece que nadie se aventura a indicar cuando podemos fijar el final del calvario que sede el año 2008 acecha a las economías de nuestro entorno. Nadie se atreve a decir, sin la boca pequeá, que la crisis ha terminado.

Desde el año 2008 se han producido muchos cambios, una evolución negativa a la que hemos tenido que ir acostumbrándonos todos, poco a poco. Un detrioro económico y social que no ha obligado a replantearnos muchas cosas.

Centrarnos en el secotr asegurador uno de los principales efectos de la crisis ha sido el descenso continuo del volumen de primas, propiciado por una guerra de precios constantes y continuos, que ha hecho que la prima media en muchos ramos haya sufrido unos descensos muy significativos.

Pero después de un descenso continuo, año tras año, el 2015 nos trae, por primera vez, un cambio de tendencia, donde el volumen de primas ha aumentado un 2,16%, llegando a los 56.904.528.082 millones de Euros, todo ello en base a los datos que ICEA acaba de publicar en relación al Sector Asegurador en el año 2015, y que os adjuntamos en este link, primas_total_sector_12M15

Si analizamos los diferentes ramos, vemos como el aumento de volumen de primas es generalizado, y sólo se registran descensos en los seguros decenales y todo riesgo contrucción, así como en el seguro de crédito.

En los seguros que más han visto aumentada su volumen de primas destaca el seguro de caución, con un aumento del 40,48% durante el año 2015. A continuación están las pérdidas pecuniarias que han registrado un aumento del 18,94 €, muy superior a la media de aumento del resto de ramos.

A pesar de todo ello existe cierta incertidumbre en el sector asegurador, una calma tensa que sobrevuela desde hace varios meses y que parece estar instalada de forma casi permanente.

Las modificaciones legistlativas introducidas este año, sobre todo los nuevos requerimientos que supone la entrada en vigor de la directiva de la Directiva Sovencia II, y la reforma del baremos, se ciernen sobre el sector generando cierto temor por la evolución de algunos negocios que podrían sufrir un impacto superior al inicialmente previsto. Nadie se aventura a afirmar que efectos tendrán estos cambios legales, y si, como se rumorea, se producirá una concentración de aseguradoras, vía fusiones o adquisiciones, ante la imposibilidad de algunas entidades a superar con la solvencia necesaria los nuevos retos que se imponen al sector.

Así, por ejemplo, llama la atención que aún no exista una unanimidad sobre que efecto tendrá sobre el sector la modificación del baremo de automóviles, ni si supondrá, o no, un aumento generalizado de primas. No podemos olvidar que el efecto de este nuevo baremos va mucho más allá del ramo de automóviles, y por tanto su impacto, en otros ramos del seguro, sigue siendo una oncógnita que tardaremos varios meses en despejar.

Este año será un verdadero termómetro para conocer si el cambio de tendencia experimentado en el año 2015 se confirma, y si realmente se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que la crisis ha finalizado, aunque sólo sea para el sector asegurador.

Pero el final de la crisis puede ser un buen momento para analizar como hemos cambiado, que hemos implementado en nuestros procesos y en nuestros procedimientos, sobre todo para evitar errores pasados, y para afianzar todo lo bueno que se ha logrado avanzar en los momentos más duros de la crisis.

Desde esta página seguimos apostando por la formación continua y continuada, formación de calidad, formación que nos permita avanzar y mejorar en el desarrollo de nuestro trabajo. Y como ejemplo de esta formación de alta calidad queremos destacar el Máster en gestión de Empresas de Mediación de Seguros que organiza conjuntamente la Universitat Abat Oliba CEU y el Col·legi de MEdiadors d’Assegurances de Barcelona, una oferta única que permite obtener unas competencias y unos conocimientos de gran nivel para el desarrollo de muchas actividades relacionadas con el sector asegurador.

http://www.elcol-legi.org/web/es/formacion/master-en-gestion-de-empresas-de-mediacion-de-seguros.html

 

 

MEDIADORES, PERITOS Y EL NUEVO BAREMO

NuevoBaremoDesde el 1 de enero de 2016 están en vigor los cambios introducidos  por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Pero no debemos dejarnos confundir por el título, pues la Ley 35/2015 supone una reforma mucho más ambiciosa, pudiéndose considerar una reforma del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

La Ley 35/2015 modifica en profundidad el baremo, cambiado totalmente las reglas de los juegos en relación a la gestión de daños y perjuicios corporales en el ámbito de los accidentes de circulación, donde es de obligado cumplimiento, así como en otros sectores, como por ejemplo el sanitarioo el de Responsabilidad Civil, donde aunque tenga carácter orientativo, también supone la inclusión de nuevos criterios de valoración.

Pero también se modifican aspectos básicos relacionados con la Responsabilidad Civil del uso de vehículos a motor, como la concurrencia de culpas, la culpa exclusiva, la reclamación de daños corporales, o la posibilidad de acudir a los intitutos de medicina legal, conocidos coloquialmente como médicos forenses, para que emitan informes médicos.

Como ya se ha iniciado en los últmos artículos de esta web esta reforma legislativa supone una clara oportunidad de negocio para los peritos de seguros, y por ello se hace profundamente necesario atender al conocimiento y el análisis de todas y cada una de las novedades introducidas por la nueva Ley.

Es vital para todos los profesionales que participan, o que quieren participar, en la gestión de siniestros, tener un conoccimiento adecuado dobre, por ejemplo, cómo de deben reclamar los daños corporales, cuales son los efectos que las reclamaciones producen, y cuáles son las consecuencias de no hacer la misma en base a los requerimientos legales.

Carecer de conocimientos suficientes sobre la nueva regulación de los traumatismos cervicales puede dejar en evidencia a más de un profesional, sea perito o mediador, y poner en duda su labor.

La formación es una herramienta muy poderosa, que sirve, entre otras cosas, para revitalizar las competencias y la pericia de los profesionales que desarrollan la labor pericial. Pero la formación debe ser acometida desde los máximos puntos de vista, y por tanto se hace necesaria la formación que viene desde los centros formativos más importantes, como por ejemplo la Fundación Auditórium, referente en Barcelona desde el año 1995, con la realización de multitud de jornadas técnicas, talleres formativos e incluso un Master universitario.

El próximo 3 de marzo la Fundacion Auditórium, en el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona, va a celebrar un taller que tiene por objeto el nuevo Baremos, una oportunidad que se debe valorar, pues no existen muchas oportunidades como esta para obtener una formación sobre un aspecto tan técnico y con unas condiciones muy beneficiosas.

El curso tiene como principales objetivos analizar la nueva situación creada en el ámbito e la reclamación de daños y perjuicos corporales, sobre todo en lo relativo a los cambios en las obligaciones de oferta y respuesta motivada. El análisis de las indemnizaciones por fallecimiento, por las lesiones permanente y por lesiones temporales dará paso al estudio sobre las novedades introducidas en la valoración de los traumatismos menores de la columna vertebral.

El daño patrimonial, formado por el lucro cesante y por el daño emergente, dará paso a la realización de casos prácticos.

Todos los interesados en esta formación pueden ampliar la información clicando aqui.

 

Las modificaciones legales ¿Una posibilidad de negocio para el perito de Seguros? (Parte 2)

juezEn el artículo anterior centrábamos el tema en las reformas recientes y las oportunidades de negocio que pueden suponer para los peritos de seguros. Tras comentar la reforma del para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, vulgarmente conocido como Baremo, pasamos a comentar las reformas sobre la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

La modificación más importante es la relativa al procedimiento de oferta y respuesta motivada, obligación que se exige a las entidades aseguradoras, en el ámbito del seguro obligatorio del automóvil, de dar una respuesta y oferta motivada, en un plazo máximo de 3 meses desde la reclamación del perjudicado.

Estas obligaciones del asegurador, reguladas por el artículo 7 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro de circulación de vehículos a motor, tienen su principal novedad legislativa en el hecho de que la reclamación del perjudicado pasa a ser una reclamación extrajudicial, de obligado cumplimiento con anterioridad a acudir a la vía judicial, lo cual le concede una relevancia legal de la que no disponía con anterioridad a dicha modificación.

La reclamación del perjudicado siempre ha gozado de una ausencia de regulación que ha creado ciertas dudas sobre que se puede considerar reclamación, y que no, poniendo en riesgo el cumplimiento de las obligaciones por parte del asegurador, pues el hecho de que la reclamación sea el punto de partida, el origen de la obligación de las entidades aseguradoras de emitir oferta y respuesta motivada, exige que a la misma una cierta seguridad jurídica que permita que todas las partes sean conocedoras de las reglas del juego, pues difícilmente podemos determinar el inclumpimiento de la obligación cuando el elemento detonante de la misma carece de una regulación mínima que permita la confirmación de su existencia.

Desde el 1 de enero del 2016 la situación será muy diferente, pues el nuevo artículo 7 dirá que “Esta reclamación extrajudicial contendrá la indentificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño”.

Del nuevo redactado destaca la inclusión de la información pericial como parte de la reclamación, lo cual confirma la posibilidad de que las reclamaciones que hace el perjudicado puedan realizarse cuantificadas, es decir, valorando el importe de los daños y perjuicios sufridos en el siniestro.

Esta claro que los peritos de seguros podrán realizar informes periciales para acompañar a las reclamaciones de los perjudicados, con la ganancia de negocio que ello puede suponer para dicho colectivo.

En esta misma idea hay colegios de mediadores, como el colegio de mediadores de seguros de Barcelona, que han incorporado como un servicio mas a sus colegiados, el acceso a peritos de seguros, a través de un servicio conocido como PERIT SERVICE, a través del cual el colectivo de mediadores, y sus clientes, pueden beneficiarse de servicios periciales de calidad y en condiciones mas ventajosas, en los casos en los que puedan requerir la intervención de algún profesional de este tipo. Sin duda es una iniciativa que es muy posible que pueda ser asumida por otros colegios profesionales, y que tiene como principal objetivo la optimización de sinergias entre los diferentes actores del sector pericial, mediadores de seguros y peritos de seguros que en muchos casos están obligados a entenderse y a colaborar, y como mejor muestra de ellos esta iniciativa del Colegio de medidadores de seguros de Barcelona.

Acceso a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10197

 

LAS MODIFICACIONES LEGALES ¿UNA POSIBILIDAD DE NEGOCIO PARA EL PERITO DE SEGUROS? (Parte 1)

usuarioCualquier cambio legal debe ser correctamenteanalizado por todos los intervinientes e integrantes del sector asegurador, desde las compañías aseguradoras, en sus diferentes departamentos, hasta los mediadores de seguros, pasando por abogados, colaboraciones, y como no, peritos de seguros.

El año 2015 ha supuesto un año de muchos cambios normativos de relevancia, algunos de ellos con entrada en vigor el próximo 1 de enero, fecha que está a la vuelta de la esquina, lo cual nos aconseja, y casi obliga a analizar cómo pueden afectar estos cambios al perito de seguros.

El primer cambio legal que vamos a analizar es la Ley 35/2015, de 23 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que se conoce como nuevo “Baremo”. Esta reforma ya fue tratada, en parte, en el artículo publicado, en esta misma web, el pasado 23 de septiembre, cuyo link directo es: http://postgradoperitos.com//?p=2447, y donde se analiza que nuevas posibilidades se abren para los peritos de seguros con este nuevo sistema legal, de obligado conocimiento para todos los profesionales, y más concretamente para los peritos de seguros, en general. Aunque es verdad que el artículo tenía un enfoque mas relacionado con los peritos médicos, es importante que todos los peritos de seguros sean conocedores de las novedades que serán vigentes el próximo año.

El nuevo baremo regula una sere de reglas en relación a la Indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral. Las cervicalgias, desde 1 de enero de 2016, y en base a lo que se indica en el artículo 135 de la Ley 35/2015, pasan a ser considerados lesiones temporales en el caso de que sean diagnosticados con base a la manifestación del lesionado sobre la existencia del dolor, y que no sean susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias. Pero además se incluye que para que puedan ser considerados como lesiones deberán cumplir con 4 criterios, que son:

a) De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología.

b) Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo.

c) Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesion sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario.

d) De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia.

Dentro de estos criterios hay un criterio, el de intensidad del accidente, en el que será necesario tener en cuenta la valoración de los daños sufridos por el vehículo tras la ocurrencia del siniestro, y por tanto la intervención del perito de seguros puede ser determinante.

Está claro que con la nueva normativa en la mano se trata de ordenar, y regular, los procedimientos necesario para poder determinar la existencia, o no, de un nexo de casualidad entre un accidente y la lesividad que el mismo produce en los usuarios de los vehículos implicados, sobre todo en el ámbito de lesiones que tienen un altro grado de subjetividad, y por tanto se hace necesario intentar verificar, en la medida de los posible, la realidad de lo ocurrido.

La necesidad de demostrar todos esos aspectos obliga a que se tengan que aportar pruebasm y que se tenga que realizar intervenciones de profesionales que pasan a ser imprescindibles, lo cual debe ser acogido con cierta cautela, pero con optimismo, dentro del ámbito pericial.

Pero la Ley 35/2015 no solo supone la modificación del Sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en los accidentes de tráfico, sino que también incorpora, en su artículo 1, una reforma, que tiene especial interés, de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la corculación de vehículos a motor, modificaciones que también deben ser conocidas por todos los intervinientes del mundo asegurador, pero especialmente por lo que actúan cuando se produce un siniestro, entre los que los peritos de seguros tienen un protagonismo destacado.

Sobre esta mediación hablaremos en el próximo artículo de esta Web.

 

Acceso a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10197

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PERITOS DE SEGUROS

FORMACION PERITOS_1La labor del perito de seguros, como profesional, está sometida, como en otros ámbitos, a la posibilidad de incurrir en responsabilidad, que le podrá ser exigida.

El perito pueda causar daños y perjuicios por un mal desarrollo de la profesión, lo que hace necesario analizar los principales aspectos de la labor pericial para analizar esta responsabilidad.

En primer lugar la profesión pericial carece de regulación suficiente, un hecho que ha sido constantemente denunciado en esta Web, y que hace que nos podamos encontrar con algunos problemas a la hora de analizar la responsabilidad civil del perito de seguros, pues nos podemos encontrar con la duda sobre quien tiene la consideración de perito de seguros.

La legislación actual exige, únicamente, que el perito de seguros tenga conocimientos sobre  la materia sobre la que versa su pericia, para lo cual deberán estar en posesión de titulación en dicha materia, lo cual es lo sufcientemente ambiguo como para permitir que un amplio abanico de profesionales, con o sin titulación, estén actualemente desarrollando dicha actividad.

En segundo lugar nos encontramos con que no existe un registro de peritos que permita identificar a estos profesionales, registro que creó la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el año 1986, y que la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo, de 7 de febrero de 1989, se ocupo de anular.

Este vacío, que impide que los ciudadanos puedan disponer de un registro que identifique y acredite que profesionales tienen la calificacion de peritos de seguros, está siendo resuelto, en parte, con la creación de asociaciones periciales, las cuales se ocupan de registrar a sus miembros, y actúan, en la medida de lo posible, ocupando el lugar que ha dejado libre la propia Dirección General de Seguros.

En tercer lugar no existe ningún documento que pueda identificar cual es la técnica pericial aseguradora, es decir, no existe una praxis unificada y consolidada que permita identificar cuales son las obligaciones que debe cumplir un perito de seguros a la hora de realizar un informe pericial. En este punto nos tenemos que conformar con una relación de acciones que recoge la disposición adicional tercera de la Ley 20/2015 qye ebtrará en vigor el próximo 1 de enero de 2016, y que ha desperdiciado una gran oportunidad de regular la figura del perito de seguros. En esta norma se dice que las funciones del perito de seguros son la de determinar las causas del siniestro, valorar los daños y demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemización.

Ambigüedades y mas ambigüedades es lo que nos encontramos en relación al perito de seguros, lo cual tiene un reflejo directo en la determincación de la responsabilidad civil del perito de seguros.

Para determinar que un profesional es responsable civilmente es necesario hacer referencia a la existencia de una “mala praxis”, es decir, de una mala ejecución de sus obligaciones profesionales, y para ello lo lógico es acudir a dichas obligaciones, procedimientos establecidos, y con todo ello valorar si el profesional actúa o no correctamente.

En el caso de los peritos de seguros, la ausencia de un procedimiento, o técnica pericial, establecido nos obliga a acudir a lo que el sentido común nos dicta como lógico o habitualmente realizado, pero sin olvidar que la amplia casuística , y la variedad de casos y situaciones que obliga a perito de seguros a adaptar su técnica pericial a cada caso concreto, dificulta en muchas ocasiones identificar esos criterios básicos de actuación, y por tanto valorar si ha existido o no una correcta praxis.

En ocasiones nos podemos encontrar con peritos de seguros, que ante la ausencia de un criterio uníco y establecido hayan creado su propia técnica pericial, y en otras ocasiones pueden ser sus clientes, bien sean entidades aseguradoras u otros, tales como empresas de renting, etc, los que terminan moldeando o configurado los criterios básicos de la técnica pericial que se utiliza.

Al final de todo nos encontramos con una situación compleja y dificil, en la que no parece sencillo valorar si una labor pericial ha sido correcta o no, y por ello el principal perjudicado termina siendo el usuario final: el usuario de seguros.

EL PAPEL DEL PERITO DE SEGUROS EN RELACIÓN A LAS RECLAMACIONES ANTE LA DGSFP (Parte 2)

mazo juezComo continucación del artículo iniciado hace unos días vamos a analizar las conclusiones del último informe de Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), sobre todo en lo que respecto al papel de los peritos de seguros.

En artículo anterior hacíamos mención a algunos datos, de carácter general, que era necesario comentar, entre el que destacaba que cuando la DGSFP podía pronunciarse sobre un tema lo hacía, a favor del asegurado, en el 40% de los casos.

Seguro que a muchos de vosotros os ha llamado la atención el porcentaje de casos que no obtienen respuesta por este servicio de la Dirección General de Seguros, y que se cifra en el 36%, pero hay una explicación que puede hacer entender mejor este dato.

La Ley de contrato de seguro (LCS) ha sido, desde su promulgación, en el año 1980, calificada por muchos como una ley revolucionaria en la defensa de los consumidores y usuarios de los seguros , facultando de derechos y privilegios antes nunca visto en el ámbito del consumo de servicios. Podemos decir que el procedimiento de resolución de conflicots que se regula en el artículo 38 de esta Ley, mediante el cual un perito puede intervenir ante un conflicto entre el asegurado y su entidad aseguradora, es uno de los principales elementos que ha servido para otorgar este carácter proteccionista de la Ley.

Pues bien, la Dirección General de Seguros, en cumplimiento de lo que se establece en la Ley de Contrato de Seguro, en los casos en los que el conflicto se centra en quantum indemnizatorio, es decir, en el importe de la indemnización correspondiente, y el asegurado hace uso del servicio de reclamaciones, dan respuesta indicando la necesidad de acudir al trámite pericial del artículo 38 LCS, no pudiendo resolver el tema.

En el 14% de los temas, resueltos en el año 2014, esa ha sido la respuesta de la DGSFP (773 expedientes), un dato que tiene mucho que comentar y valorar.

En primer lugar, puede parecer curioso como hay tantos asegurados que quieran acudir al servicio de reclamaciones de la DGSFP por un conflicto en el importe de la indemnización en lugar de iniciar el procedimiento que regula la LCS, contratando un perito de seguros que valore y se pronuncie sobre cuál es el importe que le corresonde en base a su contrato de seguro.

Pero más curioso es que estos asuntos, que han pasado previamente por el servicio de atención al asegurado de la propia entidad aseguradora, no se haya identificado previamente, pues al existir un conflicto de este tipo es imperativo, para ambas partes, acudir al procedimiento del artículo 38 LCS.

En el caso anterior se puede explicar por el desconocimiento (qie no exime de su cumplimiento) que un asegurado puede tener de la legislación del contrato de seguro, así como de los procedimientos de resolución de conflictos que establece; un desconocimiento que en el caso de entidad aseguradora carece de toda excusa.

Otra cuestión que plantea esta situación es cuantos asuntos existen, entre los miles de siniestros que generan un conflicto en su liquidación, que deberian ser derivados a la intervención de perito de seguros, y sin embargo nunca llega a iniciarse este procedimiento.

Parece un poco curioso que en un momento como el actual, en el que existe multitud de iniciativas que abogan por la mediación de conflictos, como principal solución ante la multitud de faltas de acuerdo que hay en el sector asegurador, no se ha logrado que el procedimiento de resolución, a través de la intervención de peritos de seguros, sea más común y utilizado de lo que lo es actualmente, máxime al tratarse de un procedimiento obligatorio.

Link del informe completo:

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/Informe%20anual%20Servicio%20de%20Reclamaciones%202014.pdf

 

« Older Entries